Gennaro Carotenuto 
La nueva ley de seguridad, impuesta por la separatista Liga Norte en Italia, incita al odio racista y legaliza el “escuadrismo” fascista. La inmigración “sin papeles” fue equiparada a un crimen y patotas de ciudadanos financiados por el Estado ya han salido “legalmente” a cazar a los trabajadores extranjeros. Pero la Liga Norte, que domina a un Silvio Berlusconi debilitado por sus escándalos sexuales, va más allá: su objetivo es –también– discriminar a los italianos del sur, empezando por reducir sus sueldos.
Gennaro Carotenuto desde Roma para Brecha
A partir de ahora todo extranjero que no tenga documentos o que simplemente pierda su empleo (y con ello su derecho a permanecer en la península) cometerá un crimen y puede ser perseguido, encerrado hasta 180 días en un Centro de Identificación y Expulsión –en condiciones mucho peores de las de una cárcel– y finalmente expulsado. En tiempo de crisis económica, el pbi italiano cae en picada y los empresarios del norte, que votan a la Liga pero necesitan mano de obra extranjera barata y clandestina para no pagar impuestos, obtuvieron medidas que les permiten chantajear más a los trabajadores: o te sometés (aun más) o te hago expulsar.
Aunque en otros países de la Unión Europea la inmigración clandestina sea duramente perseguida (Francia es un ejemplo), sólo en Italia es considerada un delito en sí misma. A ello hay que agregar la financiación por el Estado de patotas de ciudadanos, llamadas “rondas”, que, supuestamente desarmadas, pueden marcar y recorrer el territorio para sustituir a la policía. (Una policía a la que el primer ministro Berlusconi continúa bajándole el presupuesto, al punto que se ha quedado sin gasolina para sus patrulleros.) En su gran mayoría, las “rondas” están conformadas por militantes de la propia Liga o de partidos neofascistas que ahora están amparados por la ley para salir a la calle a pegarle al extranjero. “Esta ley está pensada para causar dolor a los inmigrantes”, denunció el presidente de la Pastoral de los Migrantes de la Iglesia Católica, monseñor Agostino Marchetto. En primer lugar dolor físico, pues ya se cuentan por decenas los episodios de extranjeros golpeados en las calles italianas. Y a pesar de que por ahora no se ha logrado imponer al personal médico la obligación de denunciar a sus pacientes “indocumentados”, se sabe que buena parte de ellos han dejado de asistirse en hospitales públicos por temor a ser denunciados, arrestados y expulsados, como ya ha sucedido.
Algunos casos concretos: en aplicación de la ley, una pareja de ancianos italianos de cerca de 90 años, de la provincia de Ancona, le confiscaron la casa porque ambos fueron denunciados por haber albergado a una mujer ucraniana clandestina que cuidaba de uno de ellos, paralítico. El primer día de vigencia de la ley, un brasileño de 30 años fue atacado y robado en pleno centro de Milán; en el hospital en que se asistió lo denunciaron, fue detenido y enviado a un centro de expulsión junto a otros 11 extranjeros; los recién nacidos de madres “clandestinas” corren el riesgo de convertirse en “bebés fantasma”, porque no podrán ser legalmente reconocidos por sus padres, no podrán tener atención médica regular ni ir luego a la escuela. La única categoría de “indocumentados” que fue relativamente considerada por la ley es la del servicio doméstico. Y no todos, sino aquellos –mayoritariamente mujeres– que cuidan a ancianos y suplen así a los deficitarios servicios públicos. Hay entre 300 mil y 500 mil mujeres clandestinas en esa situación, provenientes sobre todo de Europa del este y de Perú.
Italia es prácticamente el único país del mundo que no prevé ningún recorrido seguro hacia la integración plena de los ciudadanos extranjeros. Un inmigrante legal (actualmente son 5 millones) que vive, trabaja y paga impuestos en el país puede permanecer décadas sin obtener la ciudadanía ni saber claramente cómo hacerlo. Y si quiere irse o volver a su país de origen pierde todos sus aportes jubilatorios, que si trabaja regularmente está obligado a pagar. Más: al estar vigente el ius sanguinis, un joven nacido en Italia de padres extranjeros inmigrantes legales que no hayan obtenido la ciudadanía, al llegar a los 18 años puede convertirse en “ilegal” y ser expulsado del país en el que nació y vivió.
Ya los centros de Identificación y Expulsión están bajo la lupa de Amnistía Internacional, la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias, que consideran aberrante que una persona que no cometió ningún crimen sea literalmente secuestrada durante 180 días en espera de una expulsión hacia un país del que huyó por motivos políticos o económicos. Estas organizaciones denuncian además que las condiciones de vida de esas personas son infrahumanas: viven hacinadas, en espacios mínimos, tiradas en el piso, prácticamente sin atención médica. Como Mohammed, 30 años, egipcio, que dijo a una organización humanitaria: “Hace seis años que trabajo como albañil en Italia, pero nunca nadie quiso regularizarme. Necesitaba operarme del oído y debí internarme. Me trajeron al centro de expulsión directamente desde el hospital”. O Susana, una rom nacida en Italia: “Mi familia vino de Yugoslavia. Yo nací acá, tengo marido y dos hijos pero nunca logré tener papeles. Ahora que me expulsan, ¿qué va a ser de mí en un país extranjero?”.
¿Hablás milanés?
Su actual ofensiva xenófoba no le ha hecho perder el norte a la Liga Norte: sus enemigos originarios son los italianos del sur, a quienes acusa de ser culpables de todos los vicios del país, en una carrera en la cual los estereotipos y los lugares comunes asumen el carácter de dogma.
Sicilianos, calabreses, napolitanos residentes en las ricas regiones septentrionales del país deberán ahora someterse a exigencias tales como saber bergamasco o véneto para poder enseñar química o matemáticas a los niños o jóvenes nórdicos. Y peor aun: la Liga promueve la adopción de “jaulas salariales” en función de las cuales por un trabajo similar los sureños (sean funcionarios o trabajadores del sector privado) cobrarán sueldos inferiores a los nórdicos. Y se haría por ley, aunque esa ley viole media docena de artículos de la Constitución. Silvio Berlusconi dio su apoyo a esa iniciativa, antes de desmentirlo, como ha hecho tantas otras veces.