En Italia, después de la moratoria sobre la pena de muerte, sectores neoconservadores reclaman una moratoria sobre el aborto. Provocación política que da pie a quienes piden revisar una ley aprobada en 1978. La Iglesia juega la carta paradójica de una supuesta “objetividad” científica contra la subjetividad de la mujer, y el naciente Partido Democrático no sabe qué hacer.
Gennaro Carotenuto, desde Roma
Giuliano Ferrara es un personaje peculiar en el panorama político y mediático italiano. Con barba roja y de unos 200 quilos de peso, fue comunista cuando éstos arrasaban en los setenta, socialista con Bettino Craxi en los ochenta, y berlusconiano en los noventa, cuando llegó a ser ministro. En esta década encarna la cara italiana del neoconservadurismo, cada vez más cercano a la ideología ratzingeriana. Polemista culto, inteligente, pero más que nada agresivo, dirige un diario, Il Foglio, y conduce una trasmisión televisiva de lunes a viernes en uno de los mayores canales del país.
Al día siguiente del exitoso voto en las Naciones Unidas donde Italia impulsó una moratoria mundial sobre la pena de muerte, Giuliano Ferrara lanzó una provocación: ahora es el momento de otra moratoria mundial, esta vez sobre el aborto. En el panorama político italiano muchos se quedaron perplejos. Reabrir el debate sobre el aborto busca, antes que nada, hacer tambalear el engendro del Partido Democrático (pd), donde el alma católico-democrática se sumó a la laicidad cada vez más tibia de los ex comunistas. Si bien la Iglesia Católica, hasta por boca del mismísimo Joseph Ratzinger, conocido desde que es papa como Benedicto XVI, se manifestó a favor de la idea en varias circunstancias durante las fiestas navideñas, el tema es completamente marginal en la política italiana. Sandro Bondi, uno de los más estrechos colaboradores de Berlusconi, lanzó otra propuesta/provocación: revisar la ley 194, que desde 1978 regula con éxito el aborto en el país. Si la ministra Livia Turco, del pd, salió orgullosamente a reivindicar y defender la ley, enseguida la senadora también del pd Paola Binetti declaró que si se hubiese promovido la revisión de la 194, ella habría votado junto con la derecha. Recordando que el gobierno de Prodi goza de mayoría por un solo senador, se hizo evidente de inmediato la debilidad del gobierno y del mismo pd, así como la actual capacidad de chantaje de la Iglesia Católica. Además si lo que se pide es simplemente una revisión, resulta descortés oponerse al debate.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO. Se trata de un debate que se juega en un plano de desigualdad. La Iglesia Católica, probablemente la organización más anticientífica de la historia, descubrió y aprendió a utilizar la ciencia, a la cual siempre restó valor frente a la espiritualidad. La utiliza hoy para objetivizar con presuntas evidencias científicas su opinión de que el embrión es un ser humano “hecho y derecho” y detenta un derecho natural primordial y superior frente a la subjetividad de la mujer, a sus necesidades y a su pretensión de disponer de su cuerpo, algo garantizado por toda Constitución, incluyendo la italiana.
En los setenta en Italia se estimaba que se realizaban unos 350 mil abortos clandestinos por año. La batalla por la aprobación de la ley para la “tutela social de la maternidad y la interrupción voluntaria del embarazo” fue una de las más simbólicas de un país que se modernizaba y laicizaba rápidamente. La introducción del divorcio, del nuevo derecho familiar, que avanzaba en la equiparación de género, junto a la regulación del aborto, fueron los símbolos legislativos más evidentes de un país que se alejaba de la otra orilla del río Tíber (donde se encuentra el Vaticano). Para el aborto se estableció un esquema parecido al del divorcio, introducido por ley en 1970 por una mayoría laica que superaba el hecho de que el mayor partido de gobierno fuera la Democracia Cristiana, y confirmado con un referéndum en 1974, promovido por la Iglesia Católica y los conservadores. La ley sobre el aborto fue aprobada en 1978 y el referéndum la confirmó en 1981. Cualquier mujer tiene el derecho de interrumpir su embarazo en los primeros 90 días, y en casos graves más allá de este término. A partir de la entrada en vigencia de esa ley se abrieron en el país consultorios en apoyo a las mujeres, para la difusión de la contracepción y el derecho a la maternidad.
Si en los años setenta los abortos clandestinos se estimaban en 350 mil y en los primeros ochenta los abortos legales ascendían a 230 mil, hoy día se estiman en 130 mil por año, y la disminución sería aun mayor entre las mujeres italianas, ya que el 30 por ciento de los abortos se concentra entre las mujeres inmigrantes (alrededor del 5 por ciento de la población). Entre las mujeres inmigrantes la mitad de los abortos se realiza durante los primeros 12 meses de permanencia en el país, cuando se registran las mayores condiciones de soledad, dificultades económicas y desconocimiento del marco legal y sanitario existente. Otro problema es que en ocasiones, especialmente en el sur y en zonas con larga mayoría católica en el país, los médicos que se registran como “objetores de conciencia” pueden ser el 100 por ciento, impidiendo de hecho el ejercicio de un derecho. No es de extrañar entonces que en los últimos años volvieran a aparecer el aborto clandestino, que se estima en unos 15 mil casos por año, nuevamente concentrado entre las inmigrantes y las italianas menores de edad.